Culpable de todos los desmanes habidos durante el dominio rojo… Esta afirmación inculpatoria que da título al presente libro pretendía englobar una serie de cargos e imputar a aquellos que habían estado al frente de los ayuntamientos en los que no triunfaría, en principio, la sublevación militar, y quienes permanecieron fieles a la legalidad republicana a lo largo de la Guerra Civil.
Dirigentes políticos y sindicales, activistas sociales de la defensa de las políticas republicanas, mujeres que se vincularon a organizaciones como «mujeres antifascistas» o «del Socorro Rojo Internacional», sectores progresistas surgidos del seno de la burguesía ilustrada local y militares fieles a la República, pero, sobre todo, alcaldes y presidentes de los consejos municipales, serían quienes más intensamente sufrirían la represión de la justicia militar de guerra.
Más allá de una implacable intencionalidad punitiva y la construcción y justificación de un relato ideológico —reaccionario y discriminatorio con los vencidos—, el nuevo orden pretendía borrar toda la huella de la Segunda República y de quienes intentaron poner en práctica sus políticas reformistas en sus respectivos municipios, incluso durante la situación de excepcionalidad que significara la Guerra Civil en España.
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